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La jueza Loretta Preska, de Nueva York, Estados Unidos, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a la República Argentina que entregue los mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa- para intentar probar que manejaron o manejan los precios de los combustibles.

Así lo informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi US$ 900 millones en un año), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente por Preska- y embargar sus activos.

La tesis del alter ego para una negociación

El argumento de Burford es que YPF es “alter ego” del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada, con control accionario del Estado en un 51%- opera como reflejo de los objetivos políticos del gobierno de turno.

Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor -ex candidato a presidente-, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren.

El comando rechaza entregar la información de los ex secretarios de Legal y Administrativa de Economía, Ricardo Blas Casal y Rita Haydee Tanuz; y de la actual secretaria de Planeamiento Energético y virtual número dos de la Secretaría de Energía, Mariela Beljansky.

También postergó una decisión sobre el acceso a las comunicaciones del ex ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro; el ex secretario de Comercio Matías Tombolini; y el ex secretario General de la Presidencia Julio Vitobello.

Maril aclaró ante la consulta de Clarín que la única información relevante para el caso son los mensajes que contengan palabras claves relacionadas con el juicio, que se van a definir la semana que viene, como por ejemplo “YPF” y “Banco Central”, bajo pena de “desacato” si no lo hicieran los involucrados.

Asimismo, no será necesario entregar las comunicaciones relacionadas a cuestiones privadas o de otra índole.

Burford y Eton quieren probar que YPF, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación (BNA) y Energía Argentina (Enarsa) no son entes o empresas independientes, sino que el Gobierno maneja sus operaciones, para poder embargar sus activos.

Sin embargo, fuentes que conocen el caso entienden que incorporar a estas entidades como “alter ego” es una forma de convocar a la Argentina a una negociación política y económica, que baje sensiblemente el costo del fallo -US$ 16.100 millones más intereses- y sea pagable en el corto plazo.

En marzo de 2023, meses antes de su sentencia, la jueza Preska había sacado a YPF del caso, porque el 49% de sus acciones está en manos del sector privado y un embargo podría afectar los derechos de fondos de inversión y bancos internacionales.

Eventualmente la jueza podría repensar o reevaluar quienes están incluidos en su pedido de que entreguen las comunicaciones solicitadas según explicaron fuentes expertas en el caso y que siguen las negociaciones.

Clarín