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Transportadora de Gas del Sur (TGS), la principal empresa de transporte de gas natural de la Argentina, con 9.300 kilómetros de gasoductos en 7 provincias, celebró ayer sus primeros 30 años de cotización en la New York Stock Exchange (NYSE; la Bolsa) y ahora busca crecer con negocios desregulados para sacarle todo el jugo al gas de Vaca Muerta. Lo celebra de la mano del RIGI y analizando inversiones por US$ 3.000 millones.

Para el festejo, Marcelo Mindlin, dueño de TGS mediante una sociedad con Daniel Sielecki, invitó al ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, en reconocimiento a su rol fundamental para la reforma del Estado en la década de los 90, que abrió el marco regulatorio hacia las privatizaciones de empresas públicas y las concesiones de los activos estatales.

La presencia de Cavallo, en una invitación también cursada a Carlos Bastos, mentor de las privatizaciones, ocurre cuando en Argentina -como hace 30 años- el ciclo político vuelve a marcar la hora de una desregulación, con el corrimiento del Estado como interventor en la actividad y la necesidad fiscal del Gobierno de conseguir dólares para su plan económico.

Precisamente, TGS busca extender su concesión de transporte de gas -un activo que era de Gas del Estado-, que vence en 2027, por 20 años más, hasta 2047, a partir de lo que habilita la Ley Bases.

Semanas atrás, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a una audiencia pública para el 21 de octubre, en la que se estudiarán los pedidos de TGS y Transportadora de Gas del Norte (TGN) para extender sus licencias, una solicitud que ya hicieron en septiembre de 2023 y abril de 2024.

Además, TGS presentó en junio la primera iniciativa 100% privada que podría entrar como proyecto para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): la ampliación de capacidad del primer tramo Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de los actuales 21 a 35 millones de m3 diarios (MMm3/d) con un desembolso de US$ 500 millones, y ampliaciones en su red cercana a Buenos Aires por otros US$ 200 millones.

La iniciativa está en estudio por parte del Gobierno, que debe convocar a un concurso de interés público para competir por la ampliación del gasoducto de Vaca Muerta con inversión privada, que sustituirá importaciones y generará una baja en el costo de la energía, vital para los subsidios y las tarifas.

La firma controlada en un 51% por la Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA, el vehículo que contiene a Pampa Energía -de Mindlin-, el Grupo Inversor Petroquímica -de Sielecki- y PCT -del brasilero Edmond Safra-) podría llegar este año a obtener una rentabilidad operativa (EBITDA) cercana a los US$ 500 a 600 millones.

De esa rentabilidad, el 40% será gracias a la normalización y el aumento de tarifas de su negocio regulado; el 30% por su planta de líquidos -etano, propano y butano en Cerri; y otro 30% por el valor que agrega al gas de Vaca Muerta, al acondicionar en origen el fluido para el ingreso a gasoductos y extraer riquezas que se venden por separado (por ejemplo, el petróleo asociado). Con una cotización de su acción -que se listó el 17 de noviembre de 1994- cercana a los US$ 20,50, el valor de la empresa asciende a unos US$ 3.750 millones. El otro 49% está en manos del Estado nacional mediante el FGS de la Anses y de inversores minoritarios a través de la Bolsa.

Clarín