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Podría decirse que en el listado de empresas a privatizar, AySA por su extensión y tipo de servicio es la joya de la abuela. Precisamente por esas prestaciones tan sensibles que hacen a la salud humana es una compañía diferente. Y en eso están los que llevan adelante el nuevo marco regulatorio para que esta empresa pueda atraer el capital privado, como sucedió en los años 90 cuando fue concesionada a la francesa Suez. Creen que en marzo de 2025 podría ser la primera compañía estatal en abrirse al capital privado.

AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos) que fue estatizada en 2006 por Néstor Kirchner tiene el 90% de su capital en manos del Estado y el 10% en la de los trabajadores. Se encarga de la distribución de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y de 26 partidos de la provincia de Buenos Aires. Su cobertura de agua potable llega al 85% y en cloacas, al 72%.

Desde que asumió Javier Milei se propusieron “sanearla”. Y empezaron con un fuerte aumento de las tarifas, a tal punto que hoy cubren el 100% de los gastos operativos. Esa suba también les permitió reducir el déficit (afirman que están en equilibrio) y bajar las deudas que eran de $ 117 mil millones a fines de 2023. Claro que admiten que con las nuevas tarifas llegó un alto índice de morosidad que alcanza al 15%. También encararon un ambicioso plan de retiros voluntarios que recortó la plantilla de 7.700 personas en 1.400. Y podaron otros gastos como 35% en telefonía y el recorte de 27% en la flota de vehículos.

A diferencia de otras empresas públicas, en AySA hay un solo sindicato que, liderado por José Luis Lingeri, que al participar con el 10% en la propiedad de AySA es parte de las decisiones del directorio. Se acordó una nueva etapa de reconversión laboral con puestos de trabajo que tengan impacto dentro de la propia AySA.

Les queda revisar contratos como el que aún sigue en pie con Mauricio Filiberti, uno de los dueños de Edenor y a quien se lo conoce como “mister Cloro”. Es porque les abastece de químicos como el policloruro de aluminio para la purificación del agua. Convocan en breve a una licitación nacional e internacional, pero en Economía, que tiene a AySA bajo su órbita, admiten que es difícil reemplazar a un proveedor de esas características ya que es de los pocos con capacidad.

En cuanto a la privatización, los procedimientos que analizan son básicamente dos. Uno, la concesión a un operador privado a largo plazo donde además se contemple que las obras de infraestructura y de mejoramiento estén a cargo de gobernaciones y municipios. Se haría bajo la forma de una licitación internacional con el mecanismo clásico de propuesta económica y antecedentes.

Pero el que más simpatía despierta es el que se siguió en San Pablo, Brasil. Allá sacaron la compañía a la Bolsa y el Estado se reservó la acción de oro, con poder de veto. Así, la Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo, que abastece a 28 millones de personas con una red de 40.300 kilómetros de longitud, parece el ejemplo a seguir.

Clarín