La negociación entre el Gobierno y las empresas generadoras eléctricas transita un momento de máxima tensión. Por un lado, el Ejecutivo cuida cada peso que gasta para preservar su superávit del primer trimestre. Por otro, los pagos correspondientes a ese período que la administración de Javier Milei no realizó provocaron una deuda cuya cancelación representa un problema de esquiva solución para el Ministerio de Economía.
La principal cámara que nuclea estas compañías, Ageera, dijo que es `especialmente inaceptable` la propuesta que le hizo el Ejecutivo para cancelar la deuda pendiente.
Según definieron en el sector energético, el Estado mantiene un rojo de $600.000 millones por falta de pago en diciembre y en enero de parte de Cammesa. Esta es la compañía mixta en manos del Estado que administra el mercado mayorista de la electricidad. En palabras sencillas, es la que compra a las generadoras la energía que luego se distribuye en los hogares a través de firmas como, por ejemplo, Edenor y Edesur.
`El hecho de sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica) resulta especialmente inaceptable`, expresó Ageera en una carta al Gobierno.
Ese párrafo es una respuesta directa a la resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, firmada por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y publicada el miércoles en el Boletín Oficial. En ella, el Gobierno estableció que las `liquidaciones de los acreedores del mercado eléctrico mayorista [las generadoras] por las transacciones económicas de diciembre de 2023 y enero de 2024 serán canceladas mediante la entrega de títulos públicos BONO USD 2038 LA. (AE38)`.Asu vez, dichas cancelaciones son condición fundamental para que Cammesa gire los fondos correspondientes a los saldos de febrero.
`Además, resulta de suma gravedad el hecho de que Cammesa, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro nacional, no efectuó los pagos correspondientes, lo que representa un grave incumplimiento`, dijo Ageera.
Las compañías catalogaron a la falta de pago y a la propuesta del Gobierno como una situación que refleja un `fuerte signo de falta de seguridad jurídica` y alertaron sobre el riesgo que observan para futuras inversiones: `Queremos destacar que una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país`.
Para la cámara, el incumplimiento de pagos millonarios habría comprometido `críticamente` al Servicio Argentina de Interconexión (SADI). `Muchos de nuestros asociados han debido reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras`, describieron. En sus argumentos para fundamentar la postura de rechazo a la propuesta oficial también se incluyen cuestionamientos sensibles: Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los agentes generadores y una violación a su derecho de propiedad privada. Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales. Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses. Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación, incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados. Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos, lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado. Compromete la responsabilidad de Cammesa y del Estado nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los agentes generadores, los cuales forman parte de su propiedad. Afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad, ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la administración pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento.
De esta manera, la reacción de Ageera contrastó con la convicción que manifestaron en el Palacio de Hacienda al defenderla oferta oficial: `Nos hicimos cargo con la caja de este año de las deudas del gobierno anterior. Pagamos octubre y noviembre. Diciembre y enero tenemos diferencias con algunos por el tipo de cambio. Para ellos lo más importante es arreglar el flujo para adelante, cosa que estamos haciendo. Y por diciembre y enero, dado que nos hicimos cargo de octubre y noviembre pasado, vamos a darles un bono. La mayoría lo entiende y ya dijo que les parece muy bien`.
La carta de Ageera contrasta con lo anterior. Pese al descontento de las generadoras de electricidad, cerraron su misiva con la intención de mantener el diálogo `en la búsqueda de soluciones aceptables`. Posibles demandas
Pampa Energía, la firma presidida por Marcelo Mindlin, avisó a sus inversores que analiza `medidas legales` contra la decisión del Gobierno, pero que espera encontrar una salida. Al informar al mercado los resultados financieros de su actividad en el primer trimestre del año, la mayor generadora eléctrica del país indicó: `Pampa está analizando las medidas legales contra esta resolución`. Así lo planteó en un documento compartido ayer.
La Nación