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El gobierno de Joe Biden intervino ayer en el juicio por la causa de expropiación de YPF en 2012 y le pidió a la Justicia de los Estados Unidos que no falle hasta después de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre.

Le solicitó a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que postergue su decisión sobre el pedido de Burford Capital de cesión del 51% de las acciones de YPF en manos de la Argentina como garantía de pago, mientras que transcurre el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

El Departamento de Justicia norteamericano quiere presentar su opinión en el tribunal antes del 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

“El Gobierno de los Estados Unidos pide a la Juez Loretta Preska que NO publique su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. El Departamento de Justicia de los EE.UU. pide presentar una opinión antes del 6 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales”, tuiteó en X, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios contra el país en el exterior.

En ese sentido, en una carta enviada a Preska, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, informó que el Departamento de Justicia evalúa realizar una Declaración de Interés en el caso.

“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto de la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señaló la misiva, por lo que le solicitó a Preska que retrase su decisión.

Los fondos Burford y Eton Capital ganaron el juicio por la expropiación de YPF en primera instancia. Y solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar el 51% de su participación en la petrolera como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido, dado que, argumentan, la Argentina violó acuerdos previos con los accionistas al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que, remarcan, derivó en pérdidas significativas para los inversores.

Esta moción está a la espera de la decisión del tribunal y Preska podrá optar por darle o no lugar a la intervención del gobierno estadounidense. A su vez, según la misiva, el proceso de decisión implica la coordinación entre agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal para la División Civil del Departamento de Justicia.

La Argentina pidió la anulación del fallo que lo condenó en primera instancia a pagar más de US$ 16.000 millones a quienes eran accionistas minoritarios al momento de la nacionalización. Los beneficiarios del fallo son fondos que les compraron el derecho a juicio al grupo Petersen de la familia Eskenazi.

El reclamo se basa en que la Argentina no les dio un trato igualitario con respecto a Repsol, que finalmente terminó cobrando. Como el país no pagó y avanzó con la apelación, la magistrada autorizó a los beneficiarios a buscar bienes para embargar.

Clarín