El Gobierno desplegó en las últimas horas todos los artilugios de la política para avanzar hoy en el recinto del Senado con la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que considera fundamentales para la reactivación de la economía.
En este contexto de negociaciones con la oposición el presidente Javier Milei fijó ciertos límites en los cambios de último momento, aceptó concesiones, expuso un atractivo plan de reactivación de la obra pública y mostró gestos tendientes a flexibilizar posturas rígidas de algunos senadores.
El Senado se dispone a avanzar hoy con el tratamiento por separado con los dos proyectos que hasta anoche no estaban completamente cerrados más allá del dictamen del oficialismo. Es que la estrategia del Gobierno es sumar hasta último momento voluntades en la Cámara alta bajo la condición de aceptar cambios en el debate en particular si se supera el voto en general.
“La moneda está en el aire y ya estamos jugados para ir a la cancha”, graficó ayer a El Cronista un destacado funcionario de la Casa Rosada al evaluar las negociaciones con la oposición. En la Casa Rosada aceptaron que el Senado haga hasta ahora 42 cambios al proyecto que aprobó Diputados. Si se aprueban las iniciativas deberán volver a Diputados para su aprobación final.
La Oficina del Presidente comunicó en las últimas horas que la Argentina está repuntando en su economía pero alertó en un mensaje cifrado a los senadores que “para acelerar este proceso de recuperación económica es fundamental que el Congreso apruebe la Ley Bases, con el fin de liberar la fuerza productiva de los habitantes de la Nación”.
Para sumarle dramatismo al debate ayer el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo dijo que “será muy bueno que la ley pase porque beneficia a todos los argentinos. Va a ser un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica”. Sin embargo, alertó contra un eventual fracaso: “La votación de la Ley no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar porque este gobierno no va a cambiar el rumbo”.
En el último poroteo el oficialismo cree que tiene al menos 36 votos seguros para avanzar en el recinto y descarta que el peronismo y sus aliados junten 37 votos para frenarlo. Las espadas centrales de esta batalla en el Senado son la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vice jefe José Rolandi.
Hasta último momento la Casa Rosada dio muestras de flexibilización en la redacción final de varios artículos, aunque con ciertos límites impuestos por Milei. También aceptó negociaciones a cambio como un gesto a los gobernadores para reactivar la obra pública en las provincias o señales directas a senadores dubitativos.
Solo 24 horas antes de comenzar el tratamiento se filtró el pliego que propone a la senadora por Neuquén Lucila Crexell por el Movimiento Popular Neuquino como eventual embajadora ante la UNESCO en París. El voto de la senadora neuquina es clave.
Por la noche, dos senadores de Santa Cruz alegaron que se planeaba cambiar el compromiso de regalías mineras por lo que se negaban a dar quórum.
A la vez, el jefe de Gabinete se reunió con al menos once gobernadores para acelerar la reactivación de la obra pública en las provincias por medio de fondos limitados o del traspaso de proyectos nacionales a la órbita de los gobernadores. Sería el mecanismo que le permitió al Gobierno contar con una fuerte palanca de presión de las provincias a los senadores por la Ley Bases aunque en la Casa Rosada nieguen que se trate de una moneda de cambio.
Ayer, Francos mantuvo un encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz en esta línea. Y tampoco fue casual el apoyo público de los diez mandatarios de Juntos exigiendo su aprobación.
Cinco claves para entender lo que se debate hoy en el Senado y lo que puede cambiar
A las 10 empieza una sesión clave en el Senado donde se terminarán de definir las modificaciones que se hicieron a la Ley Bases enviada por el Ejecutivo. ¿Cuáles son los cinco puntos más calientes del paquete de la mega norma y qué puede cambiar en relación al texto de la media sanción de Diputados?
Uno de los primeros puntos donde se advierten cambios clave es en el artículo 3 de la Ley Bases que lista aquellos organismos estatales que específicamente quedan a salvo de su disolución. En Diputados ya habían sumado varias instituciones a pedido de las y los legisladores, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y el CONICET. Ahora la lista se amplía sumando nuevos organismos.
Dentro del nuevo artículo 3 que propone La Libertad Avanza, se incluyen a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y al Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA) como otros organismos que no pueden ser desmantelados en un eventual proceso de achicamiento del Estado.
En la misma línea, también hubo nuevos cambios en el apartado sobre Privatizaciones aunque el gobierno de Milei no fue tan a fondo como reclamaban los bloques dialoguistas. En las sesiones del plenario -e incluso fuera de ellas- el pedido era ahora por reducir más aún la lista de empresas públicas sujetas a ser privatizadas, concesionadas o reconvertidas a un sistema híbrido.
Específicamente, se esperaba remover de la lista a dos empresas que son consideradas estratégicas por una parte de la oposición como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Se volverá a intentar en la sesión. Ya en el paso de la Ley Bases por Diputados, se había excluido al Banco Nación y todo su universo de empresas concatenadas, además de ARSAT. Esta vez, los libertarios se mantuvieron firmes en no quitar más firmas de la nómina.
Además se concedió ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas. Esta exigencia figura en el artículo 14 del texto que esperan rubricar como dictamen de mayoría. El examen de la AGN deberá ser presentado ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 14 de la ley 23.696.
También en los apartados relacionados con las reformas al sistema laboral se incluyeron cambios en la última propuesta del Gobierno al Senado para conseguir la media sanción restante de la Ley Bases con un dictamen de mayoría que incorpore, a lo sumo, disidencias. En este caso, vale aclarar, las modificaciones al sistema vigente en la Argentina corren en dos capítulos, uno que atiende al universo del empleo público y el otro que versa sobre las contrataciones privadas bajo el rótulo de Modernización laboral.
En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado.
Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que “hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad” en el artículo 53.
Donde no hay cambios es en esta mecánica de fondo que los gremios denuncian como inconstitucional por quebrar la estabilidad del empleo de planta en el Estado.
Si se modifica el veto al aporte o cuota solidaria para los gremios estatales por parte de los trabajadores en relación al proyecto con media sanción de la Cámara baja. De no modificarse, el veto a la cuota solidaria hubiera sido solo para el empleo público y no el privado, estableciendo un doble estándar.
Sí permanecen vigente en el último proyecto que circuló el Gobierno otros puntos difíciles de digerir por los gremios del Estado como las sanciones por huelga con descuentos de horas, el incremento de los plazos de prescripción de las sanciones y la reducción de 5 a 3 jornadas de ausentismo de continuado sin justificar para implementar la cesantía.
En el articulado sobre registración laboral dentro del capítulo de Modernización Laboral, por su parte, se agrega que el importe único para las obligaciones emergentes incluirá a las previsionales, y deja de lado a las que tengan origen convencional, en el artículo 81.
Suma además una aclaración relevante durante el denominado período de prueba que contempla el artículo 89 de la última versión de la Ley Bases. Pese a que los plazos no se tocan -el período de prueba se extiende de tres a seis meses, ampliable a ocho en las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta un año en las de menos de 5- ahora remarca que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización.
También se flexibiliza la incorporación del despido con justa causa por acciones de bloqueo o toma de los establecimientos ya que según el artículo 91 bis, el categórico “configurará” injuria laboral grave troca por un potencial “podrán configurar”, dejándolo a criterio del juez interviniente.
En el último punto, referido a los trabajadores independientes, el proyecto lo baja de cinco a solo tres trabajadores y aclara en el artículo 94 que “el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica”.
Otros dos puntos significativos que van a ser negociados con la oposición dialoguista son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades delegadas; aspectos nodales para el presidente Javier Milei: el primero, porque considera que es una de las pocas vías de entrada que puede ofrecer a inversores externos para lograr la llegada de capitales, y la segunda porque las considera vitales para lograr una gobernabilidad mayor de cara al próximo año que se le presagia, en el que seguirá manteniendo la hiperminoría en ambas cámaras del Congreso.
El Cronista
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